Osvaldo Jaldo fue víctima de una operación delictiva de uso de identidad sin su consentimiento

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunció públicamente que fue víctima de un delito de usurpación de identidad vinculado a maniobras ilegales de importación. En una conferencia de prensa, explicó que en noviembre del año pasado recibió notificaciones por compras supuestamente realizadas en una tienda de Miami, Estados Unidos, a su nombre. Lo que parecía un error administrativo resultó ser parte de una operación más amplia y compleja.

“Sí, la verdad que esto es un hecho lamentable que me ocurrió a mí”, expresó Jaldo, visiblemente indignado. La situación salió a la luz cuando se detectó una importación de ropa registrada con su identidad, a pesar de que él nunca la había solicitado ni autorizado. “Inmediatamente puse la denuncia en la Aduana, en ARCA y también fui a la Justicia Federal, como un ciudadano común, en silencio. Esto le puede pasar a cualquiera”, sostuvo.

Durante la investigación, se descubrió que al menos otros cuatro gobernadores también fueron víctimas de la misma maniobra: Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan). Todos ellos fueron involucrados sin saberlo en operaciones de importación de mercadería desde EE.UU., que luego era comercializada dentro del país.

“No usaron mi plata ni mi tarjeta, pero usaron mi nombre y mis datos para operar ilegalmente”, explicó el mandatario tucumano, señalando la falla crítica en los sistemas de control de instituciones como la Aduana y ARCA. Jaldo hizo un llamado a los ciudadanos a revisar si no fueron víctimas de un caso similar, advirtiendo: “Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema”.

El caso está siendo investigado por la Justicia Federal. La principal sospechosa es una joven oriunda de Santiago del Estero, acusada de utilizar el nombre, DNI y domicilio fiscal de los gobernadores para simular importaciones personales, una práctica que se enmarca dentro del artículo 864 inciso e del Código Aduanero. Esta figura contempla penas de entre dos y ocho años de prisión por simular una operación o destinación aduanera con fines de beneficio económico.

Jaldo concluyó su declaración con una advertencia al gobierno nacional: “Esto no es político, es grave. Están vulnerando la seguridad de todos los ciudadanos”, y pidió reforzar con urgencia los controles en los organismos que regulan el comercio exterior.