Fue presentado un proyecto de ley para garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales

Desde el ciclo 2024 las 60 casas de estudio que hay en el país tienen serios problemas para sostenerse debido a que la aplicación de la "motosierra" presupuestaria nacional dejó al descubierto la desactualización de los montos que permiten el funcionamiento universitario, en un contexto altamente inflacionario, tanto en 2023 como en 2024.

Por eso, el Consejo Interuniversitario, que nuclea las casas de altos estudios del país, presentó un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento que al menos les da algunas garantías para gestionar los recursos. Esto, luego de que el proyecto anterior, aprobado por el Congreso de la Nación, fuera vetado por el presidente de la Nación en octubre del año pasado.

En un contexto de profunda preocupación por la situación financiera de las Universidades Nacionales, se presentó un nuevo Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, con el objetivo de garantizar su sostenimiento a través de un esquema estable, previsible y sin impacto negativo sobre las cuentas públicas. La iniciativa, propone una reasignación de prioridades en la política pública, destacando a la educación superior como motor del desarrollo económico, social y científico.

Desde la Universidad Nacional de Tucumán y otras instituciones del sistema público, se espera que el Congreso de la Nación avance en el tratamiento de esta ley que responde a una necesidad urgente y a un mandato social claro: sostener y proyectar la educación pública argentina.

Los ejes principales del proyecto

• Recomposición salarial inmediata para docentes y nodocentes, tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Se establece la convocatoria obligatoria a paritarias trimestrales, con aumentos mensuales que al menos igualen el índice de precios informado por el INDEC.
• Gastos de funcionamiento garantizados, actualizados anualmente por el índice de inflación, para asegurar el normal desarrollo de las actividades académicas, de investigación y extensión.
• Creación de un fondo para carreras estratégicas, con un monto inicial de $10.000 millones, destinado a promover áreas clave para el desarrollo nacional, incluyendo la inteligencia artificial, investigación aplicada y cooperación internacional.
• Ampliación progresiva de becas estudiantiles, con fortalecimiento de los programas Progresar y Manuel Belgrano, priorizando a los sectores más vulnerables.
• Asignación de recursos según una “Proporción Universitaria”, que garantiza una participación específica del sistema universitario dentro de la coparticipación federal, sin afectar los fondos que reciben las provincias.
  Objetivo de alcanzar el 1,5% del PBI en inversión universitaria para 2031, mediante incrementos anuales previstos en el Presupuesto Nacional.
• El proyecto reconoce a la universidad pública como un derecho humano universal, un bien social y una herramienta clave de movilidad social ascendente. En sus fundamentos, destaca que la decisión de prorrogar el presupuesto de 2023 generó un desfasaje del 134% en relación con la inflación, afectando seriamente el funcionamiento del sistema universitario.

Asimismo, el texto enfatiza que más del 70% de los trabajadores universitarios están bajo la línea de pobreza y que el presupuesto asignado para 2025 representa solo el 50% de lo necesario para mantener las actividades académicas, científicas y de extensión.

Con una sólida argumentación jurídica, económica y social, el proyecto busca asegurar la autonomía y la autarquía financiera de las universidades, permitir su planificación a largo plazo y garantizar que ninguna política económica atente contra el derecho a la educación superior.