La administración de Rossana Chahla pide investigar el destino de $500 millones otorgados entre 2020 y 2021. Señalan que parte del dinero ingresó a una cuenta no registrada por el Municipio.
PolíticaEl jueves
Redacción S3
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, bajo la gestión de la intendenta Rossana Chahla, presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue un presunto fraude a la administración pública relacionado con una deuda de $500 millones contraída con la Provincia durante la gestión anterior, en los años 2020 y 2021.
El caso fue revelado oficialmente durante una jornada de trabajo conjunto entre los gabinetes del gobernador Osvaldo Jaldo y de la intendenta, realizada el pasado lunes. Allí se confirmó que el expediente ya se encuentra en manos del fiscal regional Fernando Blanno, según indicó el fiscal municipal, Conrado Mosqueira.
La presentación judicial fue impulsada por el apoderado municipal en noviembre de 2024, con el patrocinio del abogado Alfredo Falú, ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. El detonante fue una notificación enviada el 6 de agosto de 2024 por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, en la que se informó sobre una deuda pendiente del Municipio con la Provincia por $500 millones.
Según el informe oficial, durante 2020 la Capital recibió aportes financieros reintegrables por $500 millones, distribuidos en dos decretos (N°947/3 y N°1.798/3), firmados por el entonces gobernador Juan Manzur. Sin embargo, en los registros municipales sólo figuran $250 millones ingresados a una cuenta oficialmente declarada, correspondientes a dos transferencias de $125 millones cada una.
En septiembre de 2024, el Municipio solicitó un informe al Banco Macro que arrojó una revelación clave: el entonces intendente Germán Alfaro había firmado dos cesiones de derechos sobre la Coparticipación Federal (N°310 y N°228), reconociendo una deuda de $500 millones. Esto contrastaba con los $250 millones que figuraban oficialmente en la contabilidad municipal.
Además, la investigación permitió detectar que otros $250 millones -correspondientes a aportes no reintegrables, según decretos N°2.310/2020 y N°184/2021- tampoco estaban registrados. Según el informe bancario, ese dinero ingresó a una segunda cuenta del Banco Macro, también a nombre del Municipio, pero nunca declarada en los sistemas contables ni financieros municipales.
Los depósitos se efectuaron en cuatro transferencias de $125 millones, realizadas el 24 de junio, 15 de octubre y 10 de diciembre de 2020, y el 9 de febrero de 2021. Esta cuenta fue abierta el 3 de junio de 2020, y cerrada el 11 de noviembre de 2024, según la denuncia.
El fiscal Mosqueira detalló al diario La Gaceta que la cuenta en cuestión fue abierta a pedido del entonces intendente Germán Alfaro mediante nota del 2 de junio de 2020. Los firmantes conjuntos fueron los entonces secretarios Luis Rodolfo Ocaranza (Gobierno) y Carlos Domingo Gómez (Economía y Hacienda).
En diálogo con ese medio, Mosqueira subrayó que esos $500 millones equivalían aproximadamente a U$S 3,8 millones al momento de las operaciones. Si bien la denuncia fue ratificada, el funcionario advirtió que la causa “no estaría teniendo movimiento” en la Fiscalía, por lo que el Municipio evalúa pasar de denunciante a querellante para impulsar su avance.
El contador general de la Capital, Marcelo Albaca, confirmó recientemente que la Provincia está descontando mensualmente montos al Municipio por esta deuda. Aunque reconoció que esos descuentos no desfinancian totalmente las arcas municipales, expresó su preocupación por el origen del endeudamiento.
“Estamos hablando de un financiamiento que ni siquiera cuenta con el aval del Concejo Deliberante, como lo exige la ley”, señaló Albaca. También planteó interrogantes al Tribunal de Cuentas provincial: “Habrá que revisar por qué permitió que se efectivice ese crédito sin los avales correspondientes”.
Con la causa en curso, desde la Municipalidad capitalina insisten en que se esclarezca el destino de los fondos y se determinen las eventuales responsabilidades penales y administrativas.
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