El Gobierno fija un plazo de 90 días a Tafí Viejo para el pago de una deuda de $12.800 millones

La relación entre el Poder Ejecutivo provincial y la Municipalidad de Tafí Viejo sumó un nuevo capítulo de tensión institucional con la publicación del decreto 1.057/3, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo. A través de este instrumento, la Casa de Gobierno ratificó la existencia de una deuda de $12.868 millones por parte del municipio y otorgó un plazo de 90 días para que se presente una propuesta formal de pago y refinanciación.

El decreto, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, también lleva las firmas del ministro de Economía, Daniel Abad; del ministro del Interior, Darío Monteros; y del secretario general de la Gobernación, Federico Nazur. En su articulado, la normativa establece que si la Intendencia no cumple con el requerimiento, la Provincia podrá retener fondos que actualmente transfiere al municipio para garantizar el recupero del pasivo, actualizado al momento de cancelación. La medida busca "evitar que se lesionen las finanzas del Tesoro de la Provincia", según se indica en el texto oficial, que reprodujo La Gaceta.

Desde la gestión de la intendenta Alejandra Rodríguez se mantienen firmes en su postura: aseguran que es la Provincia la que mantiene deudas con Tafí Viejo, por un monto superior a los $18.000 millones. Entre los conceptos reclamados se encuentran “fondos indebidamente detraídos de la coparticipación municipal”, además de aportes vinculados al Consenso Fiscal, a programas con cooperativas, y a servicios de seguridad, salud y educación que, según argumentan, el municipio prestó sin recibir las partidas correspondientes.

En ese sentido, el fiscal municipal Víctor Schedan presentó recursos jerárquicos y de reconsideración dirigidos tanto al gobernador Jaldo como al ministro Abad. Desde la Intendencia aguardan respuestas a los últimos escritos, aunque no descartan acudir a la Justicia si el Ejecutivo insiste en desconocer sus planteos.

Las diferencias entre ambas administraciones quedaron expuestas públicamente tras la decisión de Rodríguez de abandonar el Pacto Social, el acuerdo vigente desde hace más de dos décadas que garantiza el pago de salarios municipales a cambio de recursos coparticipables.

Este conflicto ocurre en un contexto de creciente efervescencia política: según versiones que circulan en el ámbito legislativo, el ex intendente y actual legislador Javier Noguera -esposo de Rodríguez- encabezaría una lista de candidatos a diputados nacionales por el sector del peronismo tucumano que se opone a la gestión de Javier Milei a nivel nacional.

Por el momento, el decreto marca un compás de espera de 90 días. Pero si no se logra un acuerdo, el diferendo podría escalar del plano político al judicial.