Ediles de la UCR exigen la implementación de la ley que regula el Derecho a la Admisión

Los ediles José María Canelada y Gustavo Alfredo Cobos reclamaron que se implemente la norma que regula la vigilancia privada en espectáculos. "¿De qué sirve tener una ley si su destino es que quede perdida en un despacho de Casa de Gobierno?", plantearon.

Este fin de semana, un grupo de personas que trabajan en la seguridad privada de un boliche de Barrio Norte golpeó a un hombre de 34 años que terminó internado en un sanatorio. El caso se viralizó tras la difusión de un video donde se puede ver cómo el personal de este club nocturno ataca a la víctima y a otra persona más. Tras este episodio, los concejales de la UCR señalaron que esta situación se podría haber evitado si se hubiera implementando la ley 9220 y exigieron al Gobierno que la reglamente de una vez.

"No es la primera vez que solicitamos esto, lo hicimos también en 2022 cuando me desempeñaba como legislador. Todos en Tucumán vimos en ese momento el video de un 'patovica' que golpeaba con un látigo a un joven y a su novia, que trataba de protegerlo. Las imágenes llegaron hasta la prensa nacional. Si se sigue mirando para otro lado, estos episodios van a seguir ocurriendo", advirtió Canelada.

Por su parte, Cobos advirtió que no basta con haber enviado al IPLA y a la Policía a investigar el hecho. "Aquí lo importante es poder prevenir estas situaciones, algo que no ocurrió por error del Gobierno. ¿De qué le sirve a ese joven que hayan clausurado el boliche si ya lo desmayaron a golpes y no hay ninguna política para evitar que esto vuelva a ocurrir?"  

En ese sentido, los ediles informaron que la ley 9220 es una adhesión a la ley nacional 26.370 que regula la habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general en clubes, pubs, bares y restaurantes, entre otros. Esta ley señala cuáles son los requisitos, incompatibilidades, obligaciones y prohibiciones para realizar esta tarea. Además qué tipo de cursos deben realizar antes de, desempeñarse  en este tipo de establecimiento. La ley provincial fue sancionada hace ocho años, en agosto de 2017, y comunicada al Gobierno en septiembre de ese año.

"La ley busca que se pueda contar con personal que sepa neutralizar conflictos y que tenga herramientas para hacerlo sin tener que recurrir a repartir trompadas. Más allá de lo que haya ocurrido en el interior de este local, es inaceptable ver que cinco o seis personas golpean al mismo tiempo a otra, que la patean en el piso, que incluso la dejan inconsciente. ¿Qué tiene que pasar para que se reglamente la ley? Ya hemos visto latigazos, ya hay una persona internada. ¿En Tucumán hay que esperar a que pase algo peor para actuar? ¿De qué sirve tener una ley si su destino es que quede perdida en un despacho de Casa de Gobierno?", expresaron los ediles.