Estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán: tras el dictamen fiscal, el caso está a un paso de la sentencia

El conflicto judicial por el estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán podría llegar a su resolución en breve. Luego de más de dos años de suspensión del servicio por una medida cautelar, la causa se encuentra “en estudio para sentencia”, según consta en los registros del Poder Judicial.

La medida cautelar que frenó la implementación del sistema se dictó en 2022, tras la decisión del entonces intendente Germán Alfaro (Partido por la Justicia Social) de poner en marcha el estacionamiento pago en una amplia zona del centro y microcentro de la ciudad. La iniciativa fue objeto de una acción de amparo colectivo presentada por distintos actores sociales, entre ellos la Defensoría del Pueblo, la organización de usuarios Fodecus y representantes del sector de los "cuidacoches". El eje del reclamo: cuestionamientos a la legalidad de la contratación de la firma Tecno Agro Vial S.A.

Con el correr de los meses, la causa acumuló pruebas, presentaciones y dictámenes. El último movimiento clave fue el pronunciamiento -no vinculante- del Ministerio Público Fiscal (MPF), solicitado por la Sala II del fuero contencioso administrativo, que tiene a su cargo el expediente.

El dictamen, firmado por la fiscal de Cámara Juana Inés Hael, analizó los distintos planteos formulados en el amparo, aunque dejó en claro que la decisión final corresponde exclusivamente al tribunal. No obstante, la Fiscalía sí se pronunció sobre algunos de los puntos más controvertidos, como el planteo de inconstitucionalidad del cobro por el uso del espacio público, consignó La Gaceta.

“La lectura de la normativa señalada permite advertir que no existe exceso en la actividad suscripta por el Departamento Ejecutivo Municipal, por lo cual el planteo de inconstitucionalidad no resulta procedente”, sostuvo Hael en el informe. Y agregó: “La acción en representación de los vecinos de San Miguel de Tucumán no resulta procedente, toda vez que entre las potestades del Ente Municipal está la de regular el estacionamiento pagado o medido”.

El análisis incluye una revisión del proceso de contratación de Tecno Agro Vial S.A., las ordenanzas municipales que habilitaron el acuerdo, y disposiciones tanto de la Ley Orgánica de Municipalidades como de la Constitución de Tucumán. Para el MPF, todo ello enmarca la actuación municipal dentro de sus atribuciones legales.

En base a este dictamen, la Fiscalía Municipal, a cargo de Conrado Mosqueira, presentó un nuevo escrito ante la Sala II, solicitando una definición definitiva. El expediente quedó formalmente "en estudio para sentencia" desde el pasado 14 de mayo, en manos de las juezas Ana María José Nazur y María Felicitas Masaguer.

Desde el municipio se sigue con atención el desarrollo del caso, ya que una eventual sentencia favorable permitiría reactivar el servicio, sea con la empresa actualmente contratada o con una nueva firma, según determine el fallo. La actual administración, encabezada por la intendenta Rossana Chahla, también ha planteado que la prolongación de la cautelar genera perjuicios económicos para las arcas de la Capital.

Aunque cualquiera de las partes podría apelar la resolución una vez dictada, lo cierto es que el expediente ha alcanzado una etapa clave. Y todo indica que, tras años de litigio, el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán está más cerca de una definición definitiva.