Amnistía Internacional Argentina alerta sobre el uso de SLAPP en demandas contra periodistas

La organización apuntó contra Javier Milei con un revelador informe.

PolíticaHace 1 horaRedacción 3LRedacción 3L
Javier Milei

Amnistía Internacional Argentina expresó su profunda preocupación ante la decisión del presidente Javier Milei de iniciar acciones legales contra los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa, como respuesta a sus opiniones e investigaciones. La organización advirtió que, aunque alarmante, esta acción no resulta sorprendente, ya que el Gobierno está recurriendo a tácticas conocidas en otras partes del mundo como las SLAPP (por sus siglas en inglés: "Strategic Lawsuit Against Public Participation"), o demandas estratégicas contra la participación pública.

A través de un hilo en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), la ONG explicó que las SLAPP son un abuso del sistema judicial por parte de actores poderosos, como autoridades estatales o grandes empresas, con el fin de intimidar, silenciar o castigar a quienes critican sus acciones o denuncian abusos. En este contexto, Amnistía remarcó que estas demandas buscan acallar voces críticas, especialmente aquellas dedicadas a investigar y exponer posibles irregularidades en el poder.

El término SLAPP fue acuñado en la década de 1980 por especialistas estadounidenses, pero ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido al aumento del uso de esta táctica para frenar la transparencia y el ejercicio libre del periodismo, sobre todo en la lucha contra la corrupción. 

En este sentido, Amnistía destacó que el uso de mecanismos judiciales para amedrentar a los periodistas puede ser considerado como una forma de censura indirecta, que vulnera derechos fundamentales establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La organización también recordó que en 2009 Argentina eliminó las figuras penales de calumnias e injurias para expresiones relacionadas con asuntos de interés público. En este marco, intentar revivir estas figuras a través de demandas por parte del poder sería un retroceso grave para la libertad de expresión en el país.

Amnistía Internacional hizo hincapié en que la crítica al poder es un derecho, no un delito. En línea con la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la organización recordó que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor umbral de críticas, especialmente cuando se refieren a temas de interés público. Además, reiteró que el periodismo debe ser protegido, y que denunciar judicialmente a los periodistas por hacer su trabajo establece un precedente peligroso para la democracia, el acceso a la información y la transparencia.

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