Las amenazas contra el gobernador y miembros de la Justicia pusieron en alerta a Tucumán: hay 97 detenidos.

Miguel "Miguelón" Figueroa, condenado por dos homicidios y que tendría supuestas vinculaciones con el narcotráfico, habría efectuado amenazas contra el gobernador Osvaldo Jaldo, un juez y tres fiscales, a través de un audio de aproximadamente 3 minutos que llegó al celular de una periodista, según el ministro de Seguridad Eugenio Aguero Gamboa. 

Las presuntas amenazas se producen en un contexto de profundo dolor personal para Figueroa, cuyo hijo falleció recientemente. A raíz de esta tragedia, Figueroa solicitó ser trasladado desde el penal federal de Marcos Paz, donde cumple su condena, a Tucumán para asistir al sepelio. Sin embargo, su petición fue denegada, lo que habría desencadenado su reacción.

Las amenazas, según las investigaciones, fueron transmitidas a través de una tercera persona, quien grabó un mensaje con advertencias sobre posibles daños a los hijos del gobernador Jaldo, el juez de Ejecución Gonzalo Ortega, y los fiscales Pedro Gallo, Carlos Sale e Ignacio López Bustos.

Ante la gravedad de las amenazas, las autoridades actuaron con celeridad. La Policía de Tucumán, bajo la dirección del jefe de la institución Joaquín Girvau, desplegó un operativo en la zona de Villa 9 de Julio. El resultado fue la detención de 97 personas y el secuestro de vehículos, en un esfuerzo por "neutralizar cualquier posibilidad de que se cumplan las amenazas", según declaró Girvau.

Además, se reforzó la seguridad del gobernador Jaldo y se asignó protección especial a los funcionarios judiciales mencionados.

Antecedentes y Posibles Motivaciones

Este no es el primer incidente de este tipo protagonizado por Figueroa. En enero de 2024, ya había sido acusado de amenazar a los fiscales Sale y López Bustos, quienes actuaron como acusadores en un juicio por homicidio. Estos antecedentes alimentan la hipótesis de que las amenazas podrían estar motivadas por una percepción de persecución política por parte de Figueroa, quien sostiene que su condena fue resultado de una conspiración orquestada por el gobernador Jaldo.

La selección de los destinatarios de las amenazas parece responder a esta lógica. Los fiscales Gallo, Sale y López Bustos participaron en la acusación en su contra, mientras que el juez Ortega rechazó su solicitud de traslado a Tucumán.

Implicaciones y Próximos Pasos

Este caso pone de manifiesto la complejidad de la situación de seguridad en Tucumán y la tensión entre el sistema judicial y los individuos acusados de delitos graves. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen y la veracidad de las amenazas, así como para determinar el alcance de la posible red de apoyo de Figueroa.