Desde el Ente de Turismo se busca que la recuperación de terrenos fiscales “venga acompañada de la infraestructura necesaria”

En un contexto de creciente preocupación por las ocupaciones ilegales en tierras de la localidad de Ticucho, perteneciente a la comuna de Tapia, Jorgelina Fontdevila, Subdirectora de Asuntos Legales del Ente Tucumán Turismo, se refirió a las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para enfrentar las irregularidades en la zona. En diálogo con Tucumán 360, Fontdevila destacó el esfuerzo conjunto del Estado para abordar esta problemática desde diversas perspectivas, con un fuerte énfasis en la preservación del medio ambiente y la protección de recursos naturales clave como el dique de El Cadillal.

La funcionaria subrayó que, en el pasado, las acciones del Gobierno en cuanto a la identificación de usurpaciones eran limitadas y no contaban con el respaldo adecuado. "Antes éramos uno o dos técnicos, sin mucho peso", expresó, refiriéndose a la falta de apoyo y al escaso margen de acción de los equipos técnicos que se encargaban de detectar ocupaciones ilegales. 

Según Fontdevila, los esfuerzos iniciales se centraban en la denuncia de las usurpaciones a la policía y en notificar a la Fiscalía de Estado, entidad que tiene la facultad de iniciar procedimientos judiciales en representación del Estado. Sin embargo, la falta de seguimiento y acompañamiento por parte de las autoridades competentes dificultaba una respuesta efectiva.

“Algunos vieron la oportunidad, especialmente porque durante muchos años pasó desapercibido. De hecho, el período en el que más creció la usurpación fue durante la pandemia. Creo que hubo una desidia importante, y la gestión anterior mostró una complicidad total”, señaló.

El cambio, hoy se han implementado nuevas políticas y la participación más activa de diferentes sectores del Estado, incluidos los delegados comunales. "Ahora, el Gobierno, por precisas instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, ha empoderado a los delegados con un rol más activo, como una especie de 'policías' encargados de supervisar este tipo de irregularidades", comentó Fontdevila. 

Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los delegados locales asuman la responsabilidad de identificar y denunciar ocupaciones ilegales, algo que antes no estaba adecuadamente atendido. 

Recurso invaluable

Uno de los factores claves que motivó un enfoque más riguroso es la situación de la presa de El Cadillal, cuyo daño en su estructura evidenció la importancia de este recurso natural, no solo para la conservación del entorno, sino para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de San Miguel de Tucumán y seis ingenios de la región. 

"La fisura de la presa de El Cadillal hizo que la provincia tome conciencia de que el dique es un recurso natural invaluable", afirmó Fontdevila. Este incidente ha provocado que el Gobierno central y diversas autoridades ambientales pongan atención a El Cadillal, no sólo como un destino turístico, sino como un recurso esencial para el desarrollo de la región.

La funcionaria explicó que la decisión del Gobierno provincial de enfrentar las usurpaciones responde a dos objetivos principales. El primero es la necesidad de proteger El Cadillal como recurso no renovable, fundamental para el abastecimiento de agua y el desarrollo regional. 

El segundo, preservar el área como un destino turístico de gran valor, que aún tiene la oportunidad de mantenerse en buen estado si se actúa rápidamente para frenar las ocupaciones ilegales. "Lo que queremos es hacer un corte a las usurpaciones y evitar que se sigan sumando más ocupantes", señaló Fontdevila.

El Gobierno también reforzó la normativa vigente, lo que permite un control más estricto de las actividades en la zona y un mayor compromiso de las autoridades locales. "La resolución que emitió la fiscalía y la nueva normativa que se aplicó refuerzan la posición del gobierno y empoderan a los delegados", añadió la funcionaria. Esto ha dado como resultado un mayor compromiso por parte de los delegados, quienes, según Fontdevila, ahora "ya no tienen el margen de actuación que antes tenían".

En cuanto a los ocupantes ilegales ya presentes en la zona, Fontdevila indicó que el Gobierno está evaluando caso por caso para determinar quiénes cumplen con los requisitos legales y quiénes no. "De las personas que ya están, se evaluará quién cumple con la ley y quién no. Esa es nuestra visión: preservarlo", destacó la Subdirectora de Asuntos Legales del Ente Tucumán Turismo.

¿En qué tiempo se puede recuperar esto para explotarlo turísticamente? 

La funcionaria destacó que estas zonas se pueden recuperar si la política sigue orientada en esta dirección. “Por un lado, no dejar que crezca más, ya es parte de la recuperación. Se podrán recuperar algunos terrenos, otros ya habrán adquirido derechos. Pero turísticamente se puede explotar ahora mismo”, explicó. 

“De hecho, ya se está explotando turísticamente, el lugar ha crecido muchísimo y ha recibido una gran inversión en infraestructura que antes no tenía. Sin embargo, estamos enfrentando nuevos problemas, como los sistemas de tratamiento de los afluentes y residuos, que no están a la altura del nivel de explotación actual”, agregó.

Por lo tanto, la explotación tiene que detenerse temporalmente, porque si no, el turismo también va a devastar el lugar. “Si es un destino turístico, se necesita la infraestructura adecuada para manejar los residuos y los afluentes, y también para potabilizar el agua”, señaló Fontdevila. 

“Si la gente está usurpando, tirando basura al dique, y luego el dique es el que alimenta el suministro de agua, no tiene sentido. Turísticamente, ya se puede explotar, pero queremos que esto venga acompañado de la infraestructura necesaria para no destruir la ‘gallina de los huevos de oro’", concluyó.